De “el trono y el altar” al Estado moderno

Hoy se discute ampliamente sobre los persistentes casos de abuso sexual de menores cometidos por miembros del clero, circula información sobre fraudes y manejos financieros irregulares en el Vaticano y se hacen públicas disputas dentro de la propia Iglesia por el control y posible mal uso de importantes recursos económicos, como ha ocurrido recientemente en torno a la Basílica de Guadalupe. Todo ello tiene una dimensión real, aunque algunos episodios puedan también ser sobredimensionados o simplificados por las dinámicas propias de los medios de comunicación.

En la conciencia de muchas personas, estos escándalos aparecen como una de las principales explicaciones de la pérdida de credibilidad de la Iglesia y de su menor influencia sobre la vida cotidiana. Sin duda han contribuido a profundizarla. La historia muestra, sin embargo, que estamos ante un proceso mucho más antiguo y complejo, iniciado siglos antes de que estos acontecimientos ocuparan las primeras planas.

Una de sus dimensiones —solamente una, pero particularmente poderosa— fue la progresiva pérdida del enorme poder político, económico, jurídico e incluso militar que la Iglesia católica llegó a ejercer en Europa y que, bajo formas diferentes, se extendió posteriormente a América Latina. Comprender esta transformación permite mirar la secularización desde una perspectiva distinta: no solamente como disminución de las creencias religiosas, sino también como resultado de un largo proceso mediante el cual la Iglesia fue dejando de ocupar el lugar privilegiado que durante siglos había tenido en la organización y el gobierno de la sociedad. Volvamos sobre esa historia.

Para hacerlo es necesario trasladarnos a una sociedad muy diferente de la nuestra. Durante buena parte de la Edad Media europea, la Iglesia occidental fue mucho más que una institución dedicada a las creencias y al culto. Poseía tierras y riquezas, cobraba rentas, administraba instituciones, impartía justicia en determinadas materias, gobernaba territorios y participaba activamente en las disputas políticas de su tiempo. Obispos y abades podían ser simultáneamente dirigentes religiosos y señores territoriales, mientras que el papa era, además de cabeza de la Iglesia occidental, soberano de los Estados Pontificios. En determinadas circunstancias, las autoridades eclesiásticas podían disponer de fuerzas armadas o movilizar a otros poderes para la guerra.

Por ello, para comprender uno de los antecedentes históricos de la secularización resulta necesario recuperar una realidad que hoy puede parecernos lejana: hubo una época en la que la Iglesia no solamente intentaba influir en la sociedad mediante sus enseñanzas; formaba parte de las estructuras que ejercían efectivamente el poder sobre ella.

Una sociedad en la que lo religioso y lo político estaban entrelazados

Sería inexacto imaginar la Europa medieval como un territorio gobernado sencillamente por la Iglesia. El poder estaba fragmentado entre emperadores, reyes, señores feudales, ciudades, obispos, monasterios y otras autoridades. Tampoco existían los Estados nacionales centralizados que conocemos actualmente. Lo característico era, más bien, una profunda interpenetración entre los poderes religiosos y políticos.

La noción de cristiandad ayuda a comprender este mundo. La sociedad occidental se concebía fundamentalmente como cristiana y dentro de ella coexistían autoridades temporales y espirituales. La distinción entre ambas existía, pero no correspondía a nuestra actual separación entre Iglesia y Estado. Como señala Le Goff (2007), la Iglesia constituía una de las instituciones fundamentales de la organización de la sociedad medieval y su presencia atravesaba ámbitos que hoy consideraríamos políticos, económicos, educativos o culturales.

Esta imbricación llegaba a reflejarse en la propia organización institucional de la Iglesia. Robinson (2004), al estudiar el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII, muestra la estrecha relación existente entre las estructuras eclesiásticas y las formas de organización política de la sociedad feudal. No se trataba de dos mundos completamente separados, sino de autoridades diferentes que coexistían, se apoyaban y competían dentro de un mismo orden social cristiano.

La base material del poder eclesiástico era considerable. Iglesias, monasterios y obispados acumularon durante siglos tierras procedentes de donaciones de monarcas, nobles y particulares. En una sociedad predominantemente agraria, poseer grandes extensiones territoriales no significaba simplemente disponer de patrimonio. La tierra era una de las principales fuentes de riqueza y poder: producía alimentos y excedentes, generaba rentas, otorgaba derechos sobre quienes la trabajaban y permitía mantener redes de dependencia y protección.

Por ello, cuando hablamos de la riqueza medieval de la Iglesia no debemos imaginar únicamente templos ornamentados o tesoros acumulados. Hablamos de una institución que participaba directamente en la estructura económica de la sociedad. Algunos obispos y abades eran auténticos señores territoriales y podían ejercer jurisdicción sobre las poblaciones asentadas en sus dominios.

El papado, además, ejerció soberanía temporal sobre territorios de Italia central que terminarían constituyendo los Estados Pontificios. El papa no era exclusivamente un dirigente espiritual: era también un gobernante territorial que recaudaba recursos, establecía alianzas, mantenía relaciones diplomáticas y participaba en conflictos políticos y militares.

La alianza entre el trono y el altar

Los poderes políticos y religiosos se necesitaban mutuamente. Reyes y emperadores proporcionaban protección, tierras y privilegios a la Iglesia; ésta, por su parte, contribuía a legitimar el poder de los gobernantes.

La coronación de Carlomagno como emperador por el papa León III, en Roma, el día de Navidad del año 800, constituye una imagen particularmente poderosa de esta relación. El acontecimiento expresaba la estrecha asociación entre autoridad religiosa y poder político: el emperador aparecía como protector del orden cristiano y el papa participaba en la legitimación religiosa de su autoridad.

Pero esta alianza contenía una tensión inevitable. Si ambos poderes se consideraban depositarios de una autoridad procedente de Dios, ¿cuál de ellos tenía la última palabra? ¿Podía el emperador intervenir en los asuntos de la Iglesia? ¿Podía el papa juzgar o incluso contribuir a deponer a un gobernante?

Uno de los episodios más significativos fue la llamada Querella de las Investiduras, que enfrentó en el siglo XI al papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV. A primera vista, el conflicto trataba sobre quién tenía derecho a investir a los obispos. En realidad, estaba en juego mucho más. Los obispos no eran únicamente responsables religiosos: administraban territorios, poseían riquezas y desempeñaban funciones políticas. Controlar su nombramiento significaba controlar una parte importante de la estructura de poder. Los estudios sobre la controversia de las investiduras muestran precisamente hasta qué punto los derechos espirituales y temporales asociados con los cargos episcopales se encontraban entrelazados (Wilks, 1970).

El enfrentamiento desembocó en la excomunión de Enrique IV y en el célebre episodio de Canossa de 1077, cuando el emperador buscó la reconciliación con Gregorio VII. Más allá de las imágenes posteriormente construidas alrededor del acontecimiento, el conflicto muestra algo fundamental: una sanción religiosa podía tener consecuencias políticas de primer orden. La autoridad espiritual del papa podía contribuir a poner en cuestión la legitimidad de un gobernante.

Entre los siglos XI y XIII, particularmente bajo pontificados como los de Gregorio VII e Inocencio III, el papado alcanzó uno de los momentos culminantes de sus pretensiones de autoridad sobre la cristiandad occidental. Ullmann (1972) mostró la importancia que adquirió durante estos siglos una concepción de la autoridad pontificia que no se limitaba al gobierno interno de la Iglesia. Estudios posteriores han matizado la idea de una sencilla supremacía papal sobre todos los monarcas, mostrando que las relaciones entre papas y reyes combinaban protección, negociación, obligaciones recíprocas y cambiantes pretensiones de superioridad (Wiedemann, 2018).

No existió, por tanto, un dominio absoluto de los papas sobre los monarcas. Precisamente por eso podemos hablar de la Iglesia medieval como poder fáctico: no porque gobernara por sí sola Europa, sino porque disponía de recursos propios —económicos, territoriales, jurídicos, simbólicos y, en determinadas circunstancias, militares— suficientes para intervenir directamente en las relaciones de poder.

Una Iglesia capaz de intervenir en la guerra

También conviene precisar qué significaba el poder militar de la Iglesia. No existió un gran “ejército de la Iglesia” equivalente a los ejércitos nacionales contemporáneos. La realidad era más compleja.

En primer lugar, obispados, abadías y otros señoríos eclesiásticos poseían territorios y podían encontrarse insertos en redes feudales que implicaban obligaciones militares. En segundo lugar, el papa era un soberano temporal y los Estados Pontificios podían recurrir directamente a fuerzas armadas, participar en guerras y establecer alianzas militares.

Pero existía una tercera forma de poder quizá todavía más importante: la capacidad de proporcionar legitimidad religiosa a la guerra y movilizar a otros actores políticos para combatir.

Las Cruzadas ofrecen probablemente la manifestación más espectacular de esta capacidad.

En 1095, el papa Urbano II hizo un llamamiento que dio origen a la Primera Cruzada. Durante los dos siglos siguientes se organizaron diversas expediciones militares bajo legitimación religiosa. Como ha mostrado Riley-Smith (2005), reducirlas a una simple guerra entre cristianismo e islam sería una simplificación: participaron en ellas motivaciones religiosas, políticas, económicas y territoriales muy diversas.

Pero para nuestro propósito interesa observar otra cosa: la capacidad de una autoridad religiosa para legitimar y promover una movilización militar que atravesaba las fronteras de los diferentes reinos europeos.

El papado podía convocar a gobernantes, nobles y caballeros de distintos territorios, otorgar significado religioso a su participación en la guerra y conceder privilegios espirituales a quienes tomaran la cruz. El instrumento de la cruzada llegó a emplearse, además, no solamente en Tierra Santa, sino también en conflictos europeos relacionados con los intereses políticos del papado (Grzymała-Busse, 2023).

Las Cruzadas muestran así hasta qué punto resulta insuficiente nuestra imagen contemporánea de la Iglesia como institución dedicada exclusivamente a la vida espiritual. En la sociedad medieval, religión, territorio, guerra y política podían formar parte de un mismo universo de poder y legitimidad.

El lento fortalecimiento de las monarquías

Este equilibrio comenzó a modificarse paulatinamente desde finales de la Edad Media. Las monarquías europeas fueron desarrollando estructuras administrativas más complejas, sistemas fiscales más eficaces, burocracias permanentes y mayores capacidades militares. Los reyes comenzaron a concentrar atribuciones que anteriormente habían estado dispersas entre numerosos poderes feudales y eclesiásticos.

Un episodio ocurrido alrededor del año 1300 resulta particularmente ilustrativo. El papa Bonifacio VIII sostuvo un duro enfrentamiento con Felipe IV de Francia acerca, entre otras cosas, de la posibilidad de que el rey gravara fiscalmente al clero. En 1302, Bonifacio VIII promulgó la bula Unam Sanctam, una de las formulaciones más contundentes de la supremacía pontificia. Sin embargo, las pretensiones papales chocaron con una monarquía francesa que ya poseía una capacidad política muy diferente a la de siglos anteriores.

El conflicto simboliza una transformación de largo alcance: mientras el papado continuaba reivindicando una autoridad universal, los monarcas comenzaban a construir poderes territoriales cada vez más fuertes. La historiografía sobre la llamada “monarquía papal” permite situar precisamente en estos siglos la tensión entre el apogeo de las pretensiones pontificias y el creciente desafío procedente de otros poderes políticos (Ullmann, 1972; Robinson, 2004).

Existe, además, una paradoja particularmente interesante. La Iglesia no fue simplemente una institución medieval que posteriormente sería desplazada por Estados más modernos y eficaces. Ella misma había desarrollado importantes formas de administración, legislación, fiscalidad, representación y organización territorial. Grzymała-Busse (2023) muestra que la intensa competencia entre papas y gobernantes seculares contribuyó al desarrollo institucional de los propios Estados europeos. Los poderes civiles adoptaron y adaptaron mecanismos administrativos que habían sido desarrollados o perfeccionados dentro de las instituciones eclesiásticas.

De este modo, la propia competencia con la Iglesia contribuyó indirectamente a fortalecer a los poderes que posteriormente limitarían su autonomía.

En los siglos siguientes esta tendencia continuó. Las monarquías desarrollaron instituciones administrativas y fiscales capaces de gobernar territorios cada vez más amplios. La justicia real amplió progresivamente su campo de acción, las coronas construyeron burocracias propias y aumentó su capacidad para recaudar impuestos y sostener fuerzas militares. La autoridad política comenzó así a concentrarse territorialmente alrededor del monarca.

Esto produjo otra paradoja histórica importante: mucho antes de que las revoluciones liberales atacaran la alianza entre el trono y el altar, las propias monarquías habían comenzado a reducir la autonomía política de la Iglesia. Los reyes seguían siendo cristianos, protegían a la Iglesia y utilizaban la religión como fuente de legitimidad, pero estaban cada vez menos dispuestos a aceptar que una autoridad exterior —el papa— pudiera intervenir libremente dentro de sus territorios.

De la cristiandad medieval a las iglesias bajo control de los soberanos

La Reforma protestante del siglo XVI aceleró extraordinariamente esta transformación. Al romper la unidad religiosa de la cristiandad occidental, produjo también profundas consecuencias políticas y económicas.

El caso de Inglaterra es especialmente ilustrativo. La ruptura de Enrique VIII con Roma no significó el abandono del cristianismo, sino la subordinación de la Iglesia inglesa a la Corona. La disolución de los monasterios permitió además transferir una enorme cantidad de propiedades eclesiásticas hacia la Corona y nuevos propietarios. Algo semejante, aunque con modalidades distintas, ocurrió en otros territorios protestantes.

El resultado era paradójico: la pérdida de poder político del papado no significaba necesariamente secularización inmediata ni debilitamiento de la religión. En algunos casos significaba, por el contrario, que el príncipe adquiría todavía mayor capacidad para organizar la vida religiosa de sus súbditos.

Las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII mostraron además hasta qué punto religión y política continuaban entrelazadas. Católicos y protestantes combatieron en conflictos en los que las convicciones religiosas coexistían con disputas territoriales, dinásticas y estratégicas. La Paz de Westfalia de 1648 suele utilizarse como símbolo de una transformación progresiva hacia un sistema de poderes territoriales soberanos, aunque sería exagerado considerarla el momento preciso del “nacimiento” del Estado moderno.

Lo importante para nuestro argumento es la tendencia general: la capacidad política de los Estados territoriales aumentaba mientras disminuía la posibilidad de que el papado actuara como una autoridad política efectiva situada por encima de todos ellos.

Incluso dentro de las monarquías que permanecieron católicas, los soberanos negociaron privilegios, controlaron nombramientos, limitaron la intervención romana y procuraron poner las estructuras eclesiásticas al servicio de los intereses del reino. Iglesia y monarquía continuaban estrechamente asociadas, pero la relación de fuerzas estaba cambiando.

La Iglesia seguía siendo enormemente poderosa. Conservaba tierras, instituciones educativas, recursos económicos, jurisdicciones y una enorme autoridad sobre las poblaciones. Sin embargo, hacia el siglo XVIII ya no nos encontramos ante la misma configuración política que había permitido al papado medieval aspirar a arbitrar entre los soberanos de la cristiandad.

Es importante comprender esta transformación para no interpretar erróneamente lo que ocurriría en 1789: la Revolución Francesa no derribó intacto un orden medieval que hubiera permanecido inmóvil durante siglos. Asestó un golpe extraordinariamente poderoso a una estructura de relaciones entre Iglesia y poder político que llevaba ya varios siglos transformándose.

La Revolución Francesa: un punto de inflexión

A finales del siglo XVIII ocurrió una ruptura de otra magnitud.

En la Francia del Antiguo Régimen, la Iglesia continuaba siendo una institución privilegiada, propietaria de importantes extensiones de tierra y estrechamente vinculada a la organización política de la monarquía. El clero constituía jurídicamente uno de los tres estados de la sociedad, junto con la nobleza y el tercer estado.

La Revolución iniciada en 1789 atacó las bases mismas de ese orden.

Los privilegios feudales fueron abolidos y los bienes de la Iglesia fueron puestos a disposición de la nación. La Constitución Civil del Clero de 1790 reorganizó profundamente la Iglesia francesa y exigió posteriormente a sus miembros un juramento de fidelidad al nuevo orden, provocando una profunda división entre quienes lo aceptaron y quienes lo rechazaron.

Los estudios de Van Kley (1996) permiten comprender que este enfrentamiento no apareció repentinamente en 1789: la sociedad francesa arrastraba importantes conflictos religiosos y políticos anteriores a la Revolución. Tackett (1986), por su parte, ha mostrado la magnitud de la fractura producida por el juramento exigido al clero y sus diferentes repercusiones regionales.

Durante las fases más radicales de la Revolución se produjeron además campañas de descristianización, cierre de iglesias, persecuciones, deportaciones y ejecuciones de miembros del clero. La política revolucionaria hacia la religión varió considerablemente según los momentos y actores involucrados, por lo que sería incorrecto reducir toda la Revolución Francesa a una campaña contra el cristianismo.

Pero la transformación estructural resulta indiscutible: la Iglesia perdió la posición política, jurídica y económica privilegiada que había ocupado dentro del Antiguo Régimen.

Al mismo tiempo cayó la monarquía. Luis XVI fue ejecutado en enero de 1793 y María Antonieta meses después.

La Revolución golpeaba así simultáneamente a dos instituciones que durante siglos habían estado profundamente asociadas: el trono y el altar.

No surgió inmediatamente de ahí el Estado laico contemporáneo. Napoleón restableció relaciones institucionales con la Iglesia mediante el Concordato de 1801; posteriormente se restauraron monarquías y durante el siglo XIX hubo importantes recuperaciones de la influencia católica. La historia avanzó mediante conflictos, retrocesos y nuevos acuerdos.

Sin embargo, algo fundamental había cambiado.

La soberanía podía ahora justificarse apelando a la nación y a los ciudadanos y no necesariamente a una autoridad recibida de Dios. Y el Estado podía intervenir directamente sobre bienes, instituciones y funciones que durante siglos habían pertenecido a la esfera eclesiástica.

En ese sentido, la Revolución Francesa no creó de la nada la pérdida del poder político de la Iglesia. Aceleró, radicalizó y convirtió en programa político un proceso histórico mucho más largo.

La pérdida del poder institucional

Durante el siglo XIX, el liberalismo y la formación de los Estados nacionales profundizaron esta transformación de maneras diferentes según cada país. Funciones que durante siglos habían sido desempeñadas por instituciones religiosas fueron pasando paulatinamente a manos del Estado: registro de nacimientos y defunciones, matrimonio, cementerios, educación, beneficencia y otras áreas de la vida social.

Conviene precisar entonces qué significa hablar de una “derrota” histórica de la Iglesia como poder fáctico.

La Iglesia no dejó de tener poder. Continuó poseyendo instituciones, recursos económicos, capacidad de organización y una enorme influencia sobre millones de personas. Tampoco desapareció su intervención política. En numerosos países continuó siendo, y sigue siendo, un actor social de gran importancia.

Lo que perdió paulatinamente fue algo diferente: su condición de poder político institucionalizado que compartía con los poderes civiles el gobierno efectivo de la sociedad.

La diferencia es fundamental. Una cosa es que una institución religiosa intente convencer a los ciudadanos de que deben comportarse de determinada manera. Otra muy distinta es que disponga de tribunales propios, controle territorios, posea una parte considerable de los recursos económicos, determine jurídicamente aspectos fundamentales de la vida de las personas o pueda recurrir al poder político para hacer obligatorias sus normas.

La pérdida de tierras y propiedades tuvo por ello una importancia que no debe subestimarse. Si la propiedad territorial había constituido durante siglos una de las bases materiales del poder eclesiástico, las nacionalizaciones y desamortizaciones impulsadas posteriormente por gobiernos revolucionarios y liberales no fueron simples reformas administrativas. Modificaron las condiciones materiales que habían permitido a las instituciones religiosas ejercer poder político autónomo.

Desde esta perspectiva, uno de los antecedentes fundamentales de la secularización moderna no fue todavía que las personas dejaran de creer, sino que las instituciones religiosas fueron perdiendo progresivamente los instrumentos políticos, jurídicos, económicos y coercitivos que habían permitido que sus principios formaran parte obligatoria del orden social.

Epílogo: una transformación que cruzó el Atlántico

Esta historia no quedó confinada a Europa.

La colonización española y portuguesa había trasladado a América una estrecha asociación entre poder político y religioso. Particularmente en el imperio español, el llamado Patronato Real concedió a la Corona amplias facultades sobre la organización de la Iglesia en los territorios americanos. Evangelización, administración colonial y expansión territorial estuvieron profundamente relacionadas. La Iglesia desarrolló además una enorme red de parroquias, misiones, conventos, instituciones educativas, hospitales y propiedades.

Como muestra Brading (1991), la monarquía española, la Iglesia y posteriormente las élites criollas participaron en la construcción de un orden americano en el que religión y política resultaban difícilmente separables. En cierto sentido, Europa había exportado a América su modelo de interpenetración entre autoridad política y autoridad religiosa.

Pero posteriormente cruzaron también el Atlántico las fuerzas políticas que estaban transformando ese modelo: las ideas ilustradas, el constitucionalismo, el liberalismo, la soberanía nacional y los nuevos modelos de Estado. Después de las independencias, diversos países latinoamericanos vivieron intensos conflictos acerca del lugar que debía ocupar la Iglesia dentro del nuevo orden político.

México constituye uno de los ejemplos más claros.

Durante el siglo XIX, la confrontación entre liberales y conservadores involucró, entre otras cuestiones, la posición política, jurídica y económica de la Iglesia. La Ley Lerdo de 1856 afectó la propiedad de las corporaciones civiles y eclesiásticas y, pocos años después, las Leyes de Reforma profundizaron decisivamente la transformación. Durante el periodo de Benito Juárez se nacionalizaron bienes eclesiásticos y se establecieron, entre otras medidas, el matrimonio y el registro civiles, la secularización de cementerios y hospitales y la libertad de cultos (INEHRM, s. f.).

No se trataba solamente de una disputa sobre creencias. Estaba en juego quién tendría autoridad para organizar ámbitos fundamentales de la vida social.

Actualmente puede parecernos natural que sea el Estado quien registre nuestro nacimiento, reconozca jurídicamente un matrimonio o certifique una defunción. Pero esta aparente normalidad es resultado de una larga transformación histórica. Durante siglos, muchas de estas dimensiones estuvieron estrechamente vinculadas a las instituciones religiosas.

La pérdida del poder institucional de la Iglesia fue, por tanto, mucho más que una historia europea. El modelo de cristiandad trasladado a América durante la colonización también fue progresivamente cuestionado y transformado por los nuevos Estados latinoamericanos.

Vista desde esta perspectiva, la secularización posee una profunda dimensión política. Mucho antes de internet, de la revolución sexual o de los actuales escándalos eclesiásticos, había comenzado una transformación fundamental: la Iglesia estaba dejando de ser una institución capaz de participar directamente en el gobierno de la sociedad para convertirse, progresivamente, en una institución que debía ejercer su influencia dentro de sociedades gobernadas por poderes civiles autónomos.

Esto no significó el fin de la religión ni la desaparición de la Iglesia. Significó algo diferente y quizá históricamente más profundo: creer y obedecer a una autoridad religiosa fueron dejando de ser condiciones necesarias para participar plenamente en el orden político y social.

Referencias

Brading, D. A. (1991). The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State, 1492–1867. Cambridge University Press.

Grzymała-Busse, A. (2023). Sacred Foundations: The Religious and Medieval Roots of the European State. Princeton University Press.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México [INEHRM]. (s. f.). Leyes de Reforma. Gobierno de México.

Le Goff, J. (2007). La Edad Media explicada a los jóvenes (J. Terré, Trad.). Paidós.

Riley-Smith, J. (2005). The Crusades: A History (2.ª ed.). Yale University Press.

Robinson, I. S. (2004). The institutions of the Church, 1073–1216. En D. Luscombe & J. Riley-Smith (Eds.), The New Cambridge Medieval History (Vol. 4, pp. 368–460). Cambridge University Press.

Tackett, T. (1986). Religion, Revolution, and Regional Culture in Eighteenth-Century France: The Ecclesiastical Oath of 1791. Princeton University Press.

Ullmann, W. (1972). A Short History of the Papacy in the Middle Ages. Methuen.

Van Kley, D. K. (1996). The Religious Origins of the French Revolution: From Calvin to the Civil Constitution, 1560–1791. Yale University Press.

Wiedemann, B. G. E. (2018). Super gentes et regna: Papal ‘empire’ in the later eleventh and twelfth centuries. Studies in Church History, 54, 109–122.

Wilks, M. J. (1970). Ecclesiastica and regalia: Papal investiture policy from the Council of Guastalla to the First Lateran Council, 1106–23. Studies in Church History, 7, 69–85.